Que Onda Magazine
Publicado el 04-17-2011

Gobernador de Georgia firmará ley de inmigración

Agricultores preocupados por severa medida antiinmigrante

ATLANTA - El gobernador Nathan Deal advirtió el viernes que firmará una ley migratoria recientemente aprobada por la legislatura y que contiene elementos similares a la polémica SB1070 de Arizona.

Deal, en una entrevista con The Associated Press, dijo que la medida, HB87, "enviará el mensaje de que los habitantes de nuestro estado creen en la importancia del respeto de la ley".

Los legisladores debatieron el asunto durante semanas y se consideraron varias versiones antes de que se aprobara la iniciativa en las últimas horas de la sesión legislativa del 2011. Se exigirá a ciertos negocios verificar el estatus de inmigración de los empleados y la ley autoriza a las agencias judiciales a revisar la situación de ciertos presuntos criminales.

Si el gobernador efectivamente firma la ley, ésta estaría entre las más duras del país desde que fue firmada la ley de Arizona, impugnada subsecuentemente en la corte.

Clima de incertidumbre

Varios grupos, incluidos aquellos que representan negocios agrícolas, propietarios de restaurantes y organizaciones de interés comercial en Georgia, habían luchado para debilitar el proyecto de ley, preocupados por la posibilidad de ser sancionados por no revisar adecuadamente los documentos de contrataciones nuevas.

La versión final de la iniciativa aprobada, la HB87, permite a cualquier compañía hallada responsable de haber cometido una "infracción de buena fe" un plazo 30 días para cumplir la ley.

Durante el debate, algunos legisladores expresaron preocupación ante la posibilidad de un boicot que dañe a los negocios de Georgia, como el ocurrido en Arizona después de que ese estado aprobó el 23 de abril del año pasado su ley sobre la materia.

Problema federal

El viernes, Deal, un republicano, dijo que no creía que la ley producirá boicots u otras medidas punitivas contra el estado, y agregó que el problema de la inmigración ilegal aún debe ser atendido a nivel federal.

Señaló que la medida deberá "enviar un mensaje a los congresistas de que es hora que se tomen en serio el asunto".

Desde que era congresista, Deal ha respaldado medidas enérgicas contra la inmigración ilegal, incluida la cancelación del derecho de ciudadanía a niños nacidos en Estados Unidos de padres indocumentados.

Durante su campaña para gobernador dijo que apoyaría una ley tipo Arizona en Georgia.

El proyecto

El jueves la Cámara de Representantes del estado de Georgia aprobó el proyecto de ley HB87 para combatir la llegada de indocumentados que contiene puntos similares a la dura ley de inmigración de Arizona, SB1070.

La iniciativa, que impulsó el representante republicano Matt Ramsey, tuvo 113 votos a favor y 56 en contra, en un resultado que marca una clara línea partidista.

Corresponde al gobierno federal garantizar las fronteras de Estados Unidos y deportar a los indocumentados, aunque Georgia puede suprimir los incentivos que los atraen al estado, expresó Ramsey.

"No hay la menor duda, nuestro gobierno federal nos ha fallado y nuestros ciudadanos en Georgia están sufriendo las consecuencias", dijo Ramsey en su presentación del proyecto de ley en la cámara de representantes local.

Detalles de la ley

La iniciativa HB87 permite a la policía verificar la condición migratoria de sospechosos de algún delito y sanciona a las personas que transporten o alojen a indocumentados, al igual que la nueva ley de Arizona.

Conforme a la iniciativa de Georgia, los empleadores estarán obligados a verificar la condición migratoria de las personas que contraten, en tanto que aquéllas que "de manera deliberada y fraudulenta" presenten documentación falsa en solicitudes de trabajo incurrirán en delito grave.

Este delito grave conllevará una pena máxima de 15 años de prisión y una multa de $250 mil.

Los detractores de la ley subrayaron que no apoyan la llegada de indocumentados, pero insistieron en que se trata de un problema federal. Los detractores aseguran que existe el riesgo de que la medida propicie categorización racial y dañe la economía y reputación del estado.

Ramsey afirmó que la parte más importante de la HB87 es la que obliga a todos los empleadores con más de cuatro empleados a verificar en la base de datos E-Verify la condición migratoria de las personas nuevas que contraten.

Sector agrícola alarmado

Donald Chase y su padre cultivan 1,600 acres (647 hectáreas) en el condado de Macon y temen, al igual que otros muchos agricultores, que las nueva ley de inmigración de Georgia les cauce problemas con sus cosechas.

Algunos agricultores dicen que podrían ir a la quiebra.

Las normas de inmigración diseñadas para combatir a los indocumentados afectarán muchas actividades, pero la agricultura -la principal industria del estado, valuada en $11,300 millones en 2009- sería la más golpeada.

Las iniciativas HB87 (de la Cámara) y SB40 (del Senado), estipulan que se requerirá al empleador que use el programa federal en línea de verificación de empleo E-Verify para corroborar el status legal de los trabajadores.

No se aplicaría a quienes participen en el programa H-2A de trabajadores temporales, que permite a los agricultores contratar extranjeros por un cierto período de tiempo.

Por ahora voluntario

Si bien es en estos momentos un programa voluntario en la mayoría de los estados, es de cumplimiento obligatorio para quienes tengan contratos o subcontratos con el gobierno nacional que incluyan una cláusula sobre E-Verify.

Si alguien contrata a sabiendas a un indocumentado, puede ser multado o encarcelado.

"La idea es encargarnos a nosotros, los empleadores, que supervisemos el sistema cuando es un asunto de competencia federal", expresó Chase. "Además de representar una carga excesiva para el empleador, coloca a la agricultura en una enorme desventaja".

Chase Farms Inc. cultiva maní y maíz y tiene un criadero de pollos. Recientemente, Chase rociaba sustancias químicas para preparar el terreno para la siembra de semilla de maíz en unas pocas semanas. Cerca de ahí un grupo de peones trabajaba en el sistema de irrigación.

Leyes complejas

Cuando Chase contrata peones hispanos para trabajar en su granja, pide prueba de que están en el país legalmente, paga los impuestos y hace los aportes que dicta la ley, según dijo. Agregó que las leyes de inmigración tienen muchas excepciones y son difíciles de cumplir.

"Si quieren mandarlos a todos de vuelta a México, que lo hagan", declaró. "Si quieren facilitarles de algún modo la obtención de la ciudadanía, no tengo problema".

Rodney Dawson, quien tiene 1.500 acres (600 hectáreas) sembradas con maní y 5,000 (2,000) con algodón en los condados de Pulaski y Wilcox, dijo que emplea 12 inmigrantes, mayormente en los campos algodoneros. No apela al programa H-2A porque necesita contratar gente solo 10 semanas del año.

Pero le preocupa tener que usar el E-Verify y teme que eso espante a los inmigrantes, incluso a los que tienen papeles.

"No sé dónde voy a encontrar trabajadores", manifestó. "Aquí no encuentras gente interesada en el tipo de trabajo que hacen (los inmigrantes). No les importa trabajar cuando hay 100 grados (Fahrenheit, 38 Celsius)".

Dawson afirmó que está a favor de que se tomen medidas que impidan a la gente ingresar ilegalmente al país.

"Pero hay que tener un sistema que deje que los inmigrantes vengan a trabajar, porque los necesitamos", acotó.