Que Onda Magazine
Publicado el 05-15-2011

La reforma migratoria es más difícil de lo que el presidente Barack Obama piensa

Hispanos le insisten al presidente que tome acción ejecutiva y suavice la política de deportaciones

La estrategia del Presidente Barack Obama con la reforma migratoria estaría dando resultados favorables para sus aspiraciones de reelección en 2012. Pero el camino a seguir es largo y la meta de convencer al Congreso para que autorice la legalización de la mayoría de los 11 millones de indocumentados, de seguro requerirá algo más de discursos o promesas.

El martes 9 de mayo Obama pronunció un discurso en El Paso, Texas, donde resaltó el aporte de los inmigrantes, le pidió ayuda a la comunidad hispana para convencer al Congreso y culpó a los republicanos de obstaculizar los esfuerzos por cambiar las leyes migratorias vigentes. También dijo que en materia de seguridad su administración cumplió con las exigencias impuestas por los republicanos en debates anteriores, y que esa meta había sido movida para mantener viva la oposición al proyecto.

“Hemos visto muchas acusaciones y politiquería y retórica mordaz” sobre el tema de la reforma migratoria, dijo Obama. “Hemos visto que esfuerzos de buena fe de parte de líderes han sucumbido a las acostumbradas manipulaciones de Washington. Y mientras tanto, hemos visto las consecuencias cada vez mayores de décadas de inacción”, agregó.

La inacción citada por el mandatario se registra desde el debate de 2005, cuando la Cámara de Representantes aprobó un severo proyecto de reforma que criminalizaba y el Senado respondió con una versión que incluía una vía de legalización regulada. Y cuando el Comité de Conferencia armonizaba ambas versiones, en entonces liderazgo republicano canceló el proceso argumentando razones de seguridad nacional.

Guerra de posturas

El fracaso desencadenó un clima antiinmigrante justificado y criticado por el mismo argumento señalado por Obama: la inacción del Congreso. Los detractores de la reforma migratoria justifican el debate estatal de sus propuestas antiinmigrantes y señalan que el gobierno federal y el Congreso no actúan para encontrar una solución al problema de los indocumentados, y los defensores advierten que esa misma inacción alimenta a los grupos antiinmigrantes que promueven iniciativas contra los indocumentados.

El resultado, cinco años después de la cancelación del Comité de Conferencia, es el debate en al menos 30 estados de iniciativas de ley severas y la aprobación de propuestas que desencadenaron un fuerte debate nacional. Arizona, por ejemplo, aprobó la SB1070 que criminalizó la estadía indocumentada (acto que en el resto del país sigue siendo una falta de carácter civil no criminal), y los estados de Texas y Georgia acaban de promulgar leyes inspiradas en Arizona que otorgan poderes especiales a las policías locales para perseguir la inmigración indocumentada.

Y en otros 41 estados han asomado planes para que las legislaturas debatan y aprueben modificar la Enmienda 14 de la Constitución de Estados Unidos, que otorga la ciudadanía automática a todo individuo que nace en territorio estadounidense, no importando si es hijo de indocumentados.

Un informe del Consejo Nacional de La Raza (NCLR) y The Urban Institute señala que entre 4 y 5 millones de niños estadounidenses son hijos de uno o dos padres indocumentados que pueden ser arrestados y deportados de Estados Unidos por el Departamento de Seguridad Nacional.

La promesa de 2008

Durante la campaña presidencial 2008 Obama prometió que empujaría la reforma migratoria durante el primer año de su mandato, pero otros debates de mayor interés nacional (las guerras en Irak y Afganistán, la crisis financiera y la reforma de salud) postergaron indefinidamente un compromiso que en las elecciones de noviembre de 2010 le pasaron factura a Obama: los demócratas perdieron el control de la Cámara de Representantes y los republicanos reconquistaron cuatro asientos en el Senado, donde los demócratas sólo cuentan con 51 asientos.

Para que la reforma migratoria sea aprobaba, se necesitan 60 votos en el Senado (donde los demócratas sólo cuentan con 47 apoyos) y 218 en la Cámara (donde los republicanos aseguran que no apoyarán ninguna iniciativa que “huela a amnistía” o legalización de indocumentados. E insisten en que antes de tratar el tema de la reforma, primero el gobierno debe asegurar las fronteras.

Obama aseguró en El Paso, Texas, que su administración ya aseguró la frontera y que es hora de pasar al segundo paso, la reforma migratoria. “hemos hecho mucho más de lo solicitado por los mismos republicanos que dijeron que respaldaban una reforma más extensa siempre que realmente se velara por el cumplimiento de la ley. Sin embargo, a pesar de que hemos respondido a estas inquietudes, sospecho que habrá quienes traten de imponer nuevas condiciones, una vez más. Dirán que necesitamos tres o cuatro veces más personal de la patrulla fronteriza. Dirán que necesitamos una valla más alta para respaldar la reforma. ¿Tal vez dirán que necesitamos un foso circundante? ¿O caimanes? Nunca estarán satisfechos. Y lo comprendo. Así es la política”, añadió.

La nueva estrategia

Previendo más dificultades para cumplir –aunque sea a destiempo- la promesa electoral de 2008, Obama lanzó el 19 de abril una nueva estrategia que tiene como objetivo reunir la mayor cantidad de respaldo posible en la sociedad civil para presionar al Congreso a que apruebe la reforma migratoria, de ser posible en 2011. Ya se reunió con empresarios, religiosos, abogados, funcionarios y ex funcionarios, activistas, políticos, talentos de televisión, actores de cine y sindicalistas a quienes aseguró que invertirá “capital político” en este nuevo esfuerzo, pero insistió en que no podrá hacerlo solo –convencer al Congreso- y que necesita la colaboración de todos para conseguir que se debata y apruebe la reforma.

“Nosotros le damos la bienvenida al hecho de que, al fin, el presidente esté utilizando la plataforma de la presidencia para elevar este tema”, dijo Clarissa Martínez de Castro, directora de campañas y política migratoria de La Raza. “Era algo que le estábamos pidiendo en los últimos dos años”.

Agregó que “estamos de acuerdo con él en varios puntos”, en referencia al discurso de El Paso. “Estamos de acuerdo de que estamos en una situación de un fallo sistémico de nuestras políticas públicas migratorias que requieren una acción legislativa del Congreso. Y que necesitamos que los republicanos cooperen en llegar a esa solución, en usar la plataforma del presidente para avanzar la conversación y para lograr que esa reforma suceda (…) Es como pedirle al Congreso que actúe responsablemente y haga su trabajo”.

Escenario complicado

Martínez de Castro, sin embargo, apunta que el escenario es complejo y que la reforma migratoria “pasa por el Congreso”. Pero sostiene que mientras eso ocurre, “el Presidente (Obama) puede utilizar su poder ejecutivo para mitigar el impacto de las políticas públicas que la Administración está ejecutando en nuestras comunidades”.

Lamentó que sobre este tema no dijera nada en El Paso. “Desgraciadamente no lo incorporó en su discurso. Hubiéramos querido haber visto.

En los dos primeros años del mandato de Obama el DHS ha deportado a más de 800 mil indocumentados, cifra récord en la historia de la agencia. La Coalición por los Derechos de los Inmigrantes de Los Angeles (CHIRLA) asegura que entre seis y siete de cada 10 expulsados por el gobierno no tenía antecedentes criminales serios que los convirtiera en una amenaza para la seguridad nacional.

La directora de campañas de La Raza dijo que el Presidente puede usar discreción y permitir que el DHS se avoque “sobre el elemento criminal en nuestras comunidades, que se adhiera a estos principio0s, y también que se den pautas claras para prevenir la deportación de gente joven (que califica para una posible aprobación del Dream Act.) y la separación de familias innecesariamente (los progenitores de los 4 o 5 millones de niños ciudadanos estadounidenses de padres indocumentados).

Acuerdo bipartidista

El punto de vista de Martínez es compartido por el Center for American Progress (CAP), en Washington DC. “Ya se estableció el control operativo en la frontera, se ha aumentado el personal de la patrulla fronteriza, se han construido más barreras, se ha implementado una política muy controversial de captura y evolución y se ha desplegado el programa de verificación de empleo en en los centros laborales (E-Verify). Obviamente esto ha sido un precio muy alto para la comunidad. Pero ahora que ya hemos llenado estos requisitos, es tiempo de hablar de la otra parte, de la reforma migratoria, de la legalización de los 11 millones de inmigrantes indocumentados”, dijo Vanessa Cárdenas.

En cuanto a la acción ejecutiva, Cárdenas precisó que una medida de esta índole “puede tener repercusiones políticas y legales” para el presidente que pudieran afectarlo, y apostó por la estrategia de “apoyar” los esfuerzos que se realizan para que la sociedad civil se una y ejerza presión al Congreso.

“Y también necesitamos ver un acuerdo bipartidista”, dijo.

“Pero se trata de un debate muy difícil”, añadió. “Y es difícil creer a los políticos. Esta es la realidad que tenemos. Tenemos un partido que le tiene miedo al tema y otro que no le interesa. Y tenemos que participar en este escenario y tener en cuenta que el no involucrarnos o el desilusionarnos del sistema político, no nos va a ayudar a seguir moviendo la agenda de la reforma migratoria en Washington”, concluyó Cárdenas.