Que Onda Magazine
Publicado el 07-10-2011

Grupos civiles demandaron la ley migratoria de Alabama

Ley HB56 se inspiró en la polémica ley de Arizona que criminalizó estadía indocumentada

Un mes después de ser promulgada, grupos de derechos civiles interpusieron una acción legal para tratar de frenar la polémica ley HB56 de Alabama que, entre otras recomendaciones, criminaliza la estadía indocumentada y otorga poderes extraordinarios a las policías para detener a individuos si tiene duda razonable que se trata de extranjeros sin estatus de permanencia legal en el país.

La demanda fue interpuesta en una corte federal en Hontsville por el National Immigration Law Center (NILC), la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y el Southern Poverty Law Center.

Los demandantes estiman que la ley HB56 tiene una "trascendencia sin precedentes" y rebasa normativas similares aprobadas en Arizona, Utah, Indiana y Georgia.

"Uno de los argumentos de la demanda es que impactaría no solamente a inmigrantes, sino también a ciudadanos estadounidenses como por ejemplo profesores, terratenientes (landlords), personal de las iglesias, etcétera, pues los convierte en agentes migratorios", dijo Katherine Vargas, secretaria de prensa del National Immigration Forum (NIF).

A la fecha varios jueces federales han impedido que leyes similares entren en vigor de manera total o parcial en estos estados, escribió The Associated Press.

Que la detenga

En la demanda contra la HB56 los grupos de derechos civiles solicitan al juez que declare inconstitucional la ley e impida su aplicación en Alabama.

El 28 de julio del año pasado, una corte federal frenó las partes más polémicas de la ley SB1070 de Arizona que, al igual que la HB56, criminalizó la estadía sin papeles y desencadenó una oleada antiinmigrante en gran parte del país.

La HB56 entrará en vigor el 1 de septiembre. Si no es bloqueada total o parcialmente, las policías del estado podrán arrestar a cualquier individuo que sea detenido bajo cualquier otra ley vigente y resulte ser sospechoso de estar indocumentado en Estados Unidos.

Verificación obligatoria

También obligará a los empleadores a inscribirse y utilizar el programa federal E-Verify para verificar el estado migratorio de sus trabajadores nuevos.

Matthew Webster fue una de las personas que participan como demandantes en el documento, indicó The Associated Press. Webster y su esposa, de la comunidad de Alabaster, al sur de Birmingham, efectúan los trámites para la adopción de dos menores indocumentados en el país.

Webster, quien se describió como políticamente conservador, dijo que temía que los niños afronten una deportación con la nueva ley antes de que concluya el proceso de adopción con el que ya se les consideraría legales en el país, reportó AP. Añadió que los niños "tiene miedo de que se los lleven" si sólo van a la escuela.

La ley de Alabama, taly como está escrita, también criminaliza a toda persona que transporta o aloja a indocumentados.

Condena de la OEA

La tercera semana de junio la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) exhortó a las autoridades estadounidenses a que modifiquen la ley HB56 para adaptarla a las leyes internacionales de derechos humanos.

"Existe un alto riesgo de discriminación en la implementación de la Ley", señaló el organismo de la Organización de Estados Americanos (OEA) en un comunicado.

La CIDH conminó a las autoridades estadounidenses "a utilizar los mecanismos legales que tenga a su alcance para modificar estas leyes y ajustarlas a los estándares internacionales de derechos humanos".

La HB 56 no define ni especifica cuál es la "sospecha razonable" que permitiría a un policía a pedir papeles migratorios un individuo, por lo que puede conducir a que los agentes usen "perfiles raciales", señaló la Comisión.

Asimismo, penalizar "el transporte o alojamiento de migrantes podría obstaculizar de forma indebida las labores de asistencia y protección de las defensoras y defensores de los derechos humanos de las personas migrantes", indicó.

Los derechos a la libertad, integridad personal y no discriminación no pueden subordinarse a leyes migratorias, estimó la comisión.

Estudiantes en la mira

La HB56 también prohíbe a los estudiantes indocumentados asistir a la universidad tras graduarse de la enseñanza secundaria, prohíbe a los propietarios de viviendas o negocios alquilar propiedades a inmigrantes indocumentados y prohíbe la creación de “ciudades santuarios”.

Cesar Marfil Rubio, un periodista y activista comunitario en Birmingham, dijo que la ley fue promulgada "ahora que hay más trabajo en Alabama", empleos creados para reconstruir el estado tras el paso de mortales tornados en mayo que dejaron cientos de muertos cuantiosos daños materiales.

"Los eventos de entrenamiento ya no son masivos como antes. La gente tiene miedo. Muchos inmigrantes tienen sus casas en Alabama, sus hijos que aquí nacieron y están muy nerviosos. La mayoría son mexicanos, casi el 65%. Luego siguen los guatemaltecos y los hondureños. La mayoría de los trabajos están en las polleras (criaderos de pollos), la construcción y los servicios", señaló.

Con excepción de Arizona –el primer estado en aprobar una ley de este tipo- la estadía indocumentada en Estados Unidos es una falta de carácter civil, pese a varios intentos en el Congreso por criminalizarla.

La ACLU lo había advertido

"Antes del 1 de septiembre nosotros tendremos lista una demanda para ponerle un alto o para que las cortes revisen la constitucionalidad de la ley", advirtió el abogado Sigfredo Rubio, de la ACLU, poco después de promulgada la ley. "Estamos en proceso de buscar personas que tengan derecho a demandar basado en lo que la ley dice".

"Por ejemplo iglesias que tengan miembros o feligreses indocumentados y que la iglesia tenga que transportarlos, o abogados que tengan clientes indocumentados y que deban transportarlos a la Corte. Estamos revisando cada sección de la ley para encontrar personas que tengan derecho a demandarla", explicó.

En abril, tras la aprobación de la HB56 en la Cámara de Representantes y antes de los acuerdos alcanzados posteriormente con el Senado, Rubio dijo que la ley era “inconstitucional” y anticipó que la entidad, junto con otras organizaciones estatales y nacionales, demandará judicialmente la iniciativa en el caso que sea promulgada.

“No será aprobada por las Cortes. La ley propuesta es lo mismo que trataron de pasar en Arizona, que alienta a las policías locales a detener personas determinados por el perfil racial, por las características físicas de los individuos. La Corte ya sentó un precedente”.

Según datos de la oficina del Censo, en Alabama viven poco más de 187 mil latinos. “Pero obviamente esa cifra está por debajo del 30% del número real”, indicó Rubio.